Departamento de Justicia busca retrasar la entrega de información sobre los vuelos de deportación
El Departamento de Justicia hizo un intento de última hora para evitar entregar a un juez federal más información sobre las deportaciones que la administración Trump llevó a cabo el fin de semana pasado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, al argumentar que la solicitud podría afectar la seguridad nacional.
“Las preguntas constituyen graves intromisiones en aspectos fundamentales de la autoridad absoluta e irrevisable del Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional, relaciones exteriores y política exterior”, declaró el Departamento de Justicia en respuesta al juez James Boasberg en una presentación de la mañana de este miércoles.
La presentación de emergencia de la secretaria de Justicia Pam Bondi y otros altos funcionarios del Departamento a Boasberg se produce apenas horas antes del límite del mediodía para que el gobierno proporcione al juez —bajo secreto— respuestas ante una serie de preguntas sobre las deportaciones, incluido cuál fue el momento exacto en que dos aviones con migrantes despegaron de territorio estadounidense y abandonaron el espacio aéreo el sábado, así como las horas específicas en que las personas deportadas en virtud del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump fueron transferidas fuera de la custodia estadounidense ese día.
“Seguir insistiendo en lo mismo con el único fin de extraer del Gobierno hechos legalmente irrelevantes y que se encuentran completamente dentro del ámbito de las funciones esenciales del Poder Ejecutivo resulta inútil y frustrante para la consideración de las cuestiones jurídicas reales en juego en este caso”, escribieron en su presentación.
El escrito de siete páginas lleva más allá una disputa en curso entre el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump y Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama y actual juez presidente del tribunal federal de primera instancia en la ciudad de Washington.
Los funcionarios le indicaron a Boasberg que debería suspender el plazo que había dado hasta el mediodía, en parte para tener tiempo para decidir si “invocar el privilegio de secreto de Estado” para evadir el cumplimiento de su solicitud.
“Se justifica un enfoque cauteloso, en lugar de un plazo acelerado de menos de 24 horas, para evitar obligar al Gobierno a tomar una decisión difícil: una invocación apresurada y posiblemente poco examinada del privilegio de secreto de Estado o la divulgación de información sensible de seguridad nacional y asuntos exteriores”, escribieron.
Boasberg ha emprendido una investigación sobre las deportaciones para determinar si el gobierno violó un par de órdenes que él mismo dio el sábado. Entre ellas, había ordenado que las deportaciones se detuvieran temporalmente mientras consideraba una impugnación legal contra el uso por parte de Trump de la autoridad, rara vez invocada en tiempos de guerra, para expulsar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Trump sugirió que Boasberg debería ser “destituido”, lo que provocó una inusual reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien afirmó que el sistema de apelaciones es la vía adecuada para resolver disputas legales.
